El CES reconoce la “importancia” de reducir la jornada, pero cree que el Gobierno no justifica bien la ley

El Consejo Económico y Social (CES), órgano consultivo del Gobierno en materia socioeconómica y laboral, hace una valoración ambigua sobre el anteproyecto de ley para reducir la jornada laboral de 40 a 37 horas y media. Por un lado reconoce la “importancia de que se produzcan avances en la reducción de la jornada laboral”, pero por otro critica al Gobierno por una justificación económica “insuficientemente fundamentada”, según el dictamen que ha elaborado el CES, al que ha tenido acceso EL PAÍS y que se votará en el pleno de este miércoles. Lo previsible es que se apruebe por unanimidad, como es habitual en este tipo de reuniones. El CES se compone de 60 miembros: 20 consejeros patronales, 20 sindicales y otros 20 de distintos ámbitos (seis a propuesta del Gobierno, tres de asociaciones agrarias, otros tres de colectivos pesqueros, cuatro de la economía social...). El presidente, que firma el dictamen, es Antón Costas.

El CES dice reconocer “la relevancia social, económica y empresarial” de la reducción de jornada y considera “fundamental seguir adaptando las condiciones laborales a los cambios sociales, económicos y tecnológicos, garantizando en todo momento un equilibrio entre los derechos de las personas trabajadoras y las necesidades organizativas y productivas del tejido empresarial”. En la misma línea, subraya la “importancia de que se produzcan avances en la reducción de la jornada laboral”. Y a la vez puntualiza que “persisten diferencias significativas entre las organizaciones representadas en este órgano consultivo respecto del instrumento normativo para alcanzar estos objetivos”. Las patronales llevan meses insistiendo en que esta contracción se debería dar mediante la negociación colectiva, convenio a convenio, mientras que los sindicatos y Trabajo destacan la conveniencia de que haya un cambio legislativo.

Asimismo, el CES trata la entrada en vigor de la norma, que bajo el criterio de Trabajo no se puede demorar más allá del 31 de diciembre de 2025. “En opinión del CES resulta aconsejable dotar al Anteproyecto de un marco más flexible que permita un cumplimiento efectivo de la norma”, agrega el CES, en un planteamiento parecido al que defendía el Ministerio de Economía antes de la aprobación de la norma en el Consejo de Ministros. “Sería necesario contemplar un régimen transitorio suficiente que permitiera a los ámbitos sin convenio colectivo en vigor la adaptación de los sistemas organizativos de las empresas y, en los casos donde sí existe convenio de aplicación, un periodo también suficiente que haga efectiva la adaptación a través de la negociación colectiva”, agrega el CES. El anteproyecto necesita el refrendo del Congreso para entrar en vigor, con el voto de Junts como principal incógnita.

El organismo consultivo aborda el registro de jornada, que si se cumple el anteproyecto de ley deberá ser digital e interoperable para que Inspección pueda revisarlo. “Debiera regularse este extremo de forma que se garantice su coherencia y compatibilidad con las exigencias impuestas por la Ley Orgánica de protección de datos personales y el Reglamento general de protección de datos europeo”, precisa el CES. El organismo cree que el registro horario debe tener en cuenta “la realidad productiva diferencial, entre otros, de los sectores agrario y pesquero, donde la aplicación de medios digitales para el registro de jornada puede resultar especialmente complicado”. A la vez, dice que positivo “por clarificador” que toda la regulación de registro de jornada se refunda en un solo artículo, con el anteproyecto planteado.

El CES es muy crítico ante la justificación económica de la reforma: “Está basada en un análisis de los impactos económicos esperados insuficientemente fundamentado e incompleto”. El CES cree que, dada la “trascendencia económica” de la contracción del tiempo de trabajo, “hubiera requerido, en opinión de este Consejo, de la realización de un estudio en profundidad que determinara, con el máximo rigor, en primer lugar, los previsibles efectos económicos y redistributivos a corto plazo de la medida, tanto desde el punto de vista macroeconómico como específicamente en los distintos sectores, ramas de actividad y empresas afectados por la reforma, dada la heterogeneidad del tejido empresarial español”.

“La iniciativa”, continúa el CES, “debiera proporcionar también un análisis más fundamentado del alcance de los impactos económicos indirectos o a medio plazo que se esperan de la reducción de la jornada máxima legal, y que en la MAIN (Memoria de Análisis de Impacto Normativo) prácticamente se presuponen. Se trata de cuestiones económicas complejas de mucho calado, sujetas a controversia teórica y difíciles de medir que hubieran exigido de una memoria de impacto económico más consistente y completa, recogiendo también los efectos económicos del nuevo sistema de registro de jornada y de la nueva regulación del derecho a la desconexión, de los que nada se dice”. También echa en falta una mejor fundamentación “jurídica” y “sociológica” en la exposición de motivos de la norma.

Por otro lado, el CES critica que no le den más tiempo para analizar mejor la norma, como suele hacer ante cualquier consulta con trámite de urgencia: “Habría sido deseable que la tramitación del presente anteproyecto, previa a su llegada a las Cortes, se hubiera enviado al CES con el plazo ordinario, lo que habría permitido contar con un plazo más amplio y suficiente para abordar su contenido, sin menoscabo o limitación de su función consultiva”. Y reivindica su papel: “Lejos de significar la mera cumplimentación de un trámite de consulta, debe seguir aportando valor efectivo a las mismas”.